Respecto al crítico contraste que atraviesa el sector minero en el Perú, donde la minería formal enfrenta cada vez más barreras y restricciones territoriales, mientras que la minería ilegal e informal continúa expandiéndose de manera descontrolada. Actualmente, más del 41% del territorio peruano está restringido para la actividad formal debido a exigencias ambientales y áreas protegidas; sin embargo, los mineros informales e ilegales ya estarían ocupando alrededor de 25 millones de hectáreas, invadiendo estas zonas sensibles y generando un grave impacto ecológico. Esto se evidencia en las cifras de deforestación, que reportan la pérdida de 34,864 hectáreas en diversas regiones amazónicas y andinas solo entre los años 2021 y 2024.
A nivel productivo, esta dinámica ha provocado un retroceso sostenido de la minería formal aurífera, cuya producción cayó un 2% en el primer bimestre de 2026 y viene en descenso continuo desde 2007. Como resultado de este fenómeno, el mercado ha sufrido una fuerte alteración: hace un par de décadas las principales empresas formales concentraban el 80% de la producción nacional de oro, pero hoy apenas alcanzan el 30%, dejando la mayor parte del volumen en manos de operadores pequeños, artesanales e ilegales. A pesar de que el alto precio del oro disparó el valor de las exportaciones en 2025, los expertos advierten un panorama sombrío para la próxima década, marcado por la ausencia de nuevos proyectos mineros de gran envergadura. Este estancamiento formal responde directamente al temor de los inversionistas frente a las constantes invasiones de sus concesiones y a la falta de acción del Estado para frenar la actividad ilícita, situación que ha llevado al Perú a concentrar el 44% de todo el oro ilegal exportado desde Sudamérica.
Fuente: Diario Gestión, pág. 2, 22 de abril del 2026.